Reforma al Congreso, el otro anuncio

Constanza Hube

No cabe duda de que el momento más aplaudido de la cuenta pública fue el anuncio del envío de un proyecto de Reforma Constitucional para reducir el número de diputados y senadores, y poner límites a las reelecciones en la misma zona. Pero con los aplausos y el foco puesto en la reducción del número de parlamentarios, pasó desapercibido otro anuncio que, sin duda es muy relevante, no solo desde un punto de vista institucional, sino que también desde la perspectiva de la calidad de las políticas públicas: la modernización del Congreso.

Así, el Presidente anunció el envío de un proyecto de reforma que estará enfocado en mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo, agilizar sus tiempos y perfeccionar la calidad de la legislación.

En un contexto donde se mide a los parlamentarios por la cantidad de proyectos de ley que presentan y no por la calidad de su aporte a la discusión —y en un escenario en el cual no solo se han advertido leyes defectuosas en cuanto al contenido, sino que deficientes en su forma—, modernizar el funcionamiento del Congreso no sólo es importante, sino urgente.

Una medida que se podría adoptar para ordenar el trabajo legislativo y así evitar la llamada “marea legislativa” -que entrampa y obstaculiza el correcto funcionamiento Del Congreso-, es establecer una instancia previa de análisis técnico/jurídico de proyectos de ley, que revise e informe sobre la (in)admisibilidad constitucional de los diversos proyectos que se presenten y que proponga refundir iniciativas legales iguales o similares. Esto sin duda reduciría el riesgo de tramitar proyectos de ley inadmisibles y aliviaría la carga de la Sala y las Comisiones, permitiendo agilizar la tramitación legislativa posterior.

Otro tema que tiene que ver más bien con el control ex-post de las normas es la evaluación de la ley. Aunque se ha avanzado en esta materia a partir de la creación del departamento de Evaluación de la Ley en la Cámara de Diputados (cuyo objetivo consiste en realizar análisis para emitir conclusiones y sugerencias), la realidad es que, en ocho años de funcionamiento, sólo se han informado nueve proyectos. La evaluación de las leyes debiera ser un proceso de carácter continuo, de manera tal que el Congreso esté al tanto del impacto que han tenido los proyectos convertidos en ley y si han cumplido o no con el objetivo que se tuvo en cuenta al momento de ser aprobados. Esta medida evitaría que se aprueben proyectos sucesivos sobre los mismos temas (Ley de Fármacos, por ejemplo) y les permitiría a los parlamentarios tener una visión real sobre los efectos prácticos de las medidas aprobadas.

Han sido varios los anuncios en los últimos años que “amenazan” con modernizar el Congreso, pero que lamentablemente no se han concretado. Es de esperar que luego del reciente anuncio presidencial, se pueda por fin materializar una reforma que mejore la calidad de las leyes y que, por sobre todo, permita que éstas tengan el efecto esperado al momento de aprobarlas.